El Barcelona emitió un comunicado para aclarar la situación del expediente de la UEFA con relación al Caso Negreira, esto después de que el Real Madrid diera a conocer que llevó el caso hasta el máximo organismo europeo.
El conjunto blaugrana confirmó que el proceso no se ha reabierto ni reactivado, ya que permanece abierto de manera ininterrumpida desde inicios de 2023, cuando la UEFA designó a dos inspectores de Ética y Disciplina para realizar las indagaciones pertinentes.
Ausencia de nuevos requerimientos y postura ante la denuncia madridista
A la fecha, los investigadores de la UEFA no han realizado nuevos requerimientos al FC Barcelona ni le han trasladado formalmente la denuncia presentada por el Real Madrid. El club asegura que responderá de forma oportuna cuando sea notificado oficialmente por las instancias correspondientes.
Asimismo, la institución catalana señala que la tramitación de este expediente está sujeta a la evolución del procedimiento penal en curso en los juzgados españoles, conforme a la normativa aplicable en este tipo de casos.
La relación con la normativa de la UEFA y las licencias de competición
Desde que se iniciaron las investigaciones en el año 2023, el FC Barcelona ha obtenido las licencias UEFA correspondientes sin objeción alguna por parte de las autoridades continentales. Esta situación administrativa le ha permitido competir con total normalidad en los torneos organizados por la entidad europea a lo largo de las últimas temporadas, manteniendo sus derechos deportivos vigentes mientras se desahogan las diligencias legales en el ámbito local e internacional.
Seguimiento al procedimiento penal en los juzgados españoles
La directiva azulgrana reiteró su postura de colaboración con las autoridades competentes en el marco de la investigación judicial que se desarrolla en España. El desenlace del expediente en el organismo continental continuará condicionado a los avances y determinaciones que emita la justicia penal española, marco legal bajo el cual la entidad culé confía en resolver la controversia generada en torno a los pagos realizados durante administraciones pasadas.
