El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) reveló los detalles del caso entre Dani Alves y Pumas, un conflicto que no sólo cerró con una cifra millonaria a pagar por el brasileño, sino que también destapó cómo se estructuraron los acuerdos que lo trajeron a México en 2022.
De entrada, Alves reportaba un salario anual de 300 mil dólares ante la FMF, dividido en mensualidades de 25 mil, además de beneficios como vuelos redondos a Barcelona, un coche con chofer y seguridad personal. Sin embargo, esa cantidad apenas representaba una mínima parte del trato.
El contrato paralelo
La verdadera suma estaba en un acuerdo de derechos de imagen con la empresa Flash Forward Esportes e Eventos LTDA, propiedad del jugador y administrada por su exesposa. Ahí se canalizaron 2.25 millones de dólares netos, en dos pagos: uno al firmar en verano de 2022 y otro el 13 de enero de 2023, apenas una semana antes de su detención en España.
Con este esquema, cerca del 90% del dinero que Pumas destinó a Alves se manejó fuera del salario oficial.
La reclamación universitaria
Pumas buscó recuperar 1.2 millones de dólares del segundo pago y además pretendió activar una cláusula penal de cinco millones, bajo el argumento de que la situación legal del jugador imposibilitaba explotar su imagen. El TAS rechazó esa postura y aclaró que el arresto de Alves no anulaba la cesión de sus derechos de imagen.
Al final, la sentencia obligó al brasileño a pagar 2.25 millones de dólares más un interés del 5% anual desde enero de 2023, revocando la decisión inicial de FIFA que había fijado la compensación en apenas 159 mil dólares.
